Desde hace casi nueve meses, el Gobierno venía impulsando en el Senado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Masilla para cubrir las vacantes de la Corte Suprema de Justicia, pero a diferencia de lo que ocurrió con otros proyectos, en esta oportunidad no fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni su vice del Interior, Lisandro Catalán, quienes llevaron adelante las negociaciones con la oposición en el Congreso.
Al tratarse de un tema judicial, las conversaciones con el resto de los bloques quedaron en manos de Sebastián Amerio, hombre fuerte de Caputo en el Ministerio de Justicia, con la ayuda del principal asesor presidencial.
De esta manera, ya no hay forma de que Lijo jure como miembro de la Corte Suprema y deberá volver a su puesto como juez federal, al que nunca renunció ante la incertidumbre sobre su futuro.
Por otro lado, resta saber qué pasará con García-Mansilla, que ya asumió en el Máximo Tribunal y seguiría en esa función hasta que venza su nombramiento en comisión, el próximo 30 de noviembre: “Va a continuar”, se limitó a responder un integrante del Gabinete.
En tanto, el oficialismo ya tiene en mente el siguiente desafío a enfrentar en el Congreso: la oposición en la Cámara de Diputados solicitó una sesión para tratar la creación de una comisión investigadora del supuesto fraude con la criptomoneda $Libra, además de otros proyectos para reclamar informes sobre lo sucedido y hasta la declaración del Presidente y de otros funcionarios.