“Entiéndase bien Sres. Jueces, lo que ocurre es equivalente a que mañana aparezcan personas hablando en Persa (asumo que ninguno de los juzgante habla ese idioma) en nuestro domicilio, vestidos con sus atuendos típicos y se lleven a un familiar nuestro. Así de trágica, caótica y desesperante es la situación por la cual se encuentran atravesando estas personas a la fecha”. Con esta apelación directa a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los abogados Daniel Suizer y Francisco Oneto describieron “los atropellos a los que están siendo sometidos los pueblos originarios de la provincia de Formosa a manos de sus autoridades” en el marco de las medidas extremas dispuestas por el Gobierno provincial por la pandemia. Los letrados ya intervinieron ante la Justicia en varios casos de varados en la frontera a los que el Ejecutivo formoseño les impedía ingresar a la provincia para blindar el territorio ante potenciales contagios.
Suizer y Oneto describieron crudamente ante los integrantes de la CIDH la situación que están viviendo las comunidades originarias Wichi, Pilagá y Qom de Formosa. “Cuando personas pertenecientes a pueblos originarios son llevadas a los centros de aislamiento, sus familiares ignoran a dónde los llevan. Esto se debe en gran medida a que el Estado no hace ni siquiera un esfuerzo mínimo para poder comunicar a estas personas, en clara situación de vulnerabilidad, lo que está ocurriendo en su lengua originaria. De esa manera se configura una clara desaparición forzada, pues por un motivo u otro los originarios no saben a donde están sus familiares”.
Los abogados acudieron al máximo organismo internacional en el continente en temas de derechos humanos por considerar que se está frente a una violación por parte del estado formoseño de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que define a esta figura como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
Según relataron en la cautelar, debido a estas prácticas por parte de las autoridades de Formosa, muchos de los integrantes de estas comunidades originarias optaron por irse a vivir al monte, situación que los equipara -según los abogados- en “desplazados internos”, tal como lo entiende la Convención Americana de Derechos Humanos. “Los originarios huyen al monte buscando evitar ser víctimas de desaparición forzosa, en un contexto donde el estado no hace el mínimo esfuerzo por comunicarles en un lenguaje claro y entendible lo que está ocurriendo. La CIDH considera que el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas fuera de su comunidad o bien de sus integrantes, los puede colocar en una situación de especial vulnerabilidad, que por sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico y cultural, genera un claro riesgo de extinción, cultural o físico, de los pueblos indígenas”, argumentaron.
En la presentación detallaron cómo funciona la política sanitaria formoseña, caracterizada por un confinamiento extremo, falta de información y decisiones discrecionales. “En las comunidades originarias, policías y personal de salud les realizan hisopados, y en caso de que uno de ellos tenga resultado de hisopado positivo para COVID-19, es sacado de su comunidad, y trasladado a un centro de cuarentena del gobierno. Dichos centros son escuelas, y se encuentran en la localidad de Ingeniero Juárez, distante a unos 100 kilómetros de sus comunidades en algunos casos. Allí son encerrados por 14 días y en caso que el hisopado realizado ya bajo el encierro, nuevamente resulte positivo, se quedan por otros 14 días encerrados, sin conexión con sus familiares. Sin embargo, están apareciendo quejas de que aún los dejan encerrados cuando el hisopado da negativo”, explicaron sobre el rígido sistema sanitario establecido en Formosa que ya fue denunciado por la oposición y la organización Amnistía Internacional como violatorio de los derechos humanos.
(Infobae)