La feria judicial de enero no será en esta ocasión un paréntesis a la espera de definiciones en causas resonantes: todos los juzgados que investigan a la AFA presidida por Claudio “Chiqui” Tapia seguirán en actividad con medidas clave.
En lo inmediato, el juez en lo penal económico de la ciudad de Buenos Aires Marcelo Aguinsky definirá si convoca como testigos a dos pilotos de helicóptero ya identificados que aterrizaron en reiteradas ocasiones en el helipuerto de la mansión de la localidad de Villa Rosa, Pilar, valuada por peritos oficiales en 17 millones de dólares,y un total de 20 millones si se incluyen los 54 automóviles de alta gama encontrados en un galpón y cotizados por un total de 3.861.100 dólares.
Se sospecha que la propiedad y lo que allí se resguarda pertenecería a altas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino y no a quienes figuran como propietarios, un monotributista y su madre jubilada. En la escritura de compraventa se consignó una operación por 1.8 millones de dólares.
El helipuerto
En relación al uso del exclusivo helipuerto del lugar, valuado en 85.000 dólares por los peritos, como no se encontró el registro de pasajeros, cuando se los cite se les preguntará bajo juramento de verdad a los pilotos a quién llevaron en esos vuelos. Todo es parte de la batería de medidas para identificar a los reales propietarios.
Luciano Pantano y su madre jubilada, caras visibles de la sociedad Real Central SRL dueña del lugar, debían explicar con qué dinero compraron y mantuvieron tantos bienes, pero el trámite se frustró por una jugada de última hora de la defensa: un reclamo de pase de la causa al fuero federal de Campana, porque la quinta y otras dos casas en un barrio privado -también bajo la lupa judicial- se encuentran en esa jurisdicción judicial.
La disputa por quién se queda con el caso será otro frente abierto en el receso veraniego. Aguinsky debe contestar a su par de ese partido bonaerense, Adrián González Charvay, porque a horas del Año Nuevo este magistrado aceptó el planteo de la defensa de Pantano y pidió que le envíe el expediente, es decir, que se inhiba.
Si el juez porteño se niega a dejar la investigación, el conflicto escalará a un tribunal de apelaciones para su definición. En ese punto, el fiscal de la causa Claudio Navas Rial ya anticipó cuál será su postura cuando le toque dictaminar: dejó sentado por escrito que se opondrá a la inhibitoria, porque los hechos investigados, la trazabilidad de las operaciones y las medidas ya producidas consolidan la competencia del juzgado penal económico de la ciudad de Buenos Aires.