Desde este viernes, los argentinos podrán realizar pagos en dólares estadounidenses en una variedad de comercios, utilizando tarjetas de débito y sistemas de billeteras virtuales, incluso en cuotas. Esta nueva modalidad de pago, implementada por el Banco Central (BCRA), será parte de un proceso que permite la competencia de monedas en la economía local, lo que posibilita que tanto pesos como dólares puedan ser utilizados indistintamente en el mercado.

En un principio, se podrán comprar una variedad de bienes y servicios en los sectores donde ya era común la utilización de dólares, aunque de forma informal. Algunos de los rubros donde se podrán hacer pagos en dólares incluyen:

1. Turismo: El sector turístico ya estaba acostumbrado a manejar operaciones en dólares, especialmente en plataformas de venta de pasajes y servicios internacionales. Ahora, con la nueva normativa, los pagos en dólares estarán habilitados formalmente, tanto para servicios nacionales como internacionales.
2. Inmobiliario: El sector inmobiliario, que históricamente ha operado en dólares, también podrá regularizar estos pagos mediante el sistema habilitado, permitiendo a los compradores abonar en esta moneda sin necesidad de realizar conversiones a pesos.
3. Electrodomésticos y productos durables: Aunque algunos comercios aún están evaluando su implementación, es probable que el sector de electrodomésticos y otros productos de consumo durable comience a ofrecer esta opción de pago debido a la demanda de transacciones en dólares, que facilita la compra de bienes costosos.
4. Comercio minorista (Supermercados y tiendas de retail): A pesar de que no todos los comercios están preparados para aceptar dólares de inmediato, varios supermercados y tiendas de retail ya están adaptándose a la nueva medida para ofrecerla a sus clientes en el futuro cercano. De todos modos, no creen en el sector que la operatoria sea muy usada para el consumo masivo.

El Grupo Clarín, a través de Telecom, concretó ayer la adquisición de filial argentina de Telefónica por un monto cercano a los 1250 millones de dólares. De concretarse la compra, el grupo pasaría a poseer las marcas Movistar, Movistar TV, Tuenti y Telefónica, que se sumarían a Personal (que brinda telefonía celular e Internet hogareña en lo que era Fibertel) y Flow, que ofrece TV por cable y streaming. La operación fue anunciada por la empresa española, que a través de un comunicado aseguró que «la transacción se inscribe en la estrategia del Grupo de reducir la exposición a la región y continuar operando de forma sostenible para construir valor para sus accionistas».

La adquisición generó la inmediata reacción del gobierno de Javier Milei, que salió a poner en duda su viabilidad. A través de la Oficina del Presidente, la Rosada advirtió que aún resta la aprobación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD). «En función de versiones que circulan sobre la potencial adquisición del Grupo Telefónica por parte de Telecom, del Grupo Clarín, se dará intervención al Enacom y a la CNCD para evaluar si esta operación no constituye la formación de un monopolio«.

Ese argumento, el del «monopolio», es el principal esgrimido por la Rosada para interferir en la operación. «Esta adquisición podría dejar aproximadamente el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, lo que generaría un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales que recibió dicha empresa. De ser así, el Estado Nacional tomará todas las medidas pertinentes para evitarlo», dice el comunicado de la OP.

Minutos más tarde, el Enacom emitió su propio comunicado y utilizó el término «controles», curioso en el marco de la desregulación permanente en la que entró el Gobierno en los últimos meses. «El marco regulatorio vigente establece un sistema de control sobre las transferencias, cesiones y adquisiciones de las licenciatarias de los servicios de TIC. Esos controles permiten garantizar el derecho de elección de los usuarios, la libre competencia, la asequibilidad y la accesibilidad de los mencionados. Además se trata de herramientas y recursos fundamentales para garantizar el derecho a la comunicación, la información y la libertad de expresión», dice el texto del organismo.

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