El Decreto 1024/2024, publicado en el Boletín Oficial, estableció nuevos lineamientos para la compra y exhibición de medicamentos de venta libre. Según lo dispuesto, “los medicamentos de venta libre podrán ser exhibidos en las góndolas de establecimientos habilitados como farmacias, de modo tal que conserven inalteradas sus propiedades fisicoquímicas y el público general pueda acceder directamente a ellos sin necesidad de intermediarios”. La medida fue firmada por el presidente Javier Milei, el ministro de Salud Mario Lugones y el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

El decreto sustituye “el artículo 1° de la Reglamentación de la Ley N° 17.565 y sus modificaciones, aprobada por el Decreto N° 7123 del 15 de noviembre de 1968 y sus modificatorios”. Según lo estipulado, “los medicamentos de venta libre deberán ser ofrecidos en caja cerrada, con su respectivo prospecto y exclusivamente a personas mayores de 18 años”.

También postula que el expendio de medicamentos de venta libre, “cuando fuera en góndolas, deberá sujetarse a las siguientes condiciones: las góndolas deben ser correctamente señalizadas. Los medicamentos deben ser ofrecidos en caja cerrada, con su respectivo prospecto y exclusivamente a personas mayores de 18 años. Además, establece que “la edad del adquiriente será constatada con el Documento Nacional de Identidad al momento de efectuar el pago”.

En tanto, se plantea que en los establecimientos “que no estén habilitados como farmacias, la comercialización de medicamentos de condición de expendio de venta libre estará limitada a los antiácidos y los analgésicos”. Asimismo, indica que “la Autoridad de Aplicación estará facultada a ampliar el listado de medicamentos de venta libre habilitados en los referidos establecimientos”.

La publicación menciona que ANMAT, “organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Salud, intervino en el ámbito de sus específicas competencias”. Con respecto a la venta y despacho de especialidades médicas que requieran recetas, estas “deben realizarse desde la farmacia, en presencia de un farmacéutico responsable (Director Técnico y/o farmacéutico auxiliar)”, de acuerdo a lo detallado en el decreto. Además, permite que “su venta y entrega al paciente podrá ser acordada por canales electrónicos determinados por la farmacia, mediante traslado al lugar que este disponga a su conveniencia, debiéndose garantizar que el traslado se realice de modo seguro conforme los requisitos aplicables y los que la Autoridad Sanitaria establezca a tal efecto”.

El decreto autoriza que “las farmacias podrán anexar, además de las actividades que establece la ley, la venta de productos destinados a la higiene o estética de las personas, así como de aquellos a los que se les asignen propiedades profilácticas, desinfectantes, insecticidas u otras análogas, sometidos al control de la Autoridad de Aplicación en materia de Salud Pública”.

Más de 2.700 trabajadores del subterráneo porteño se encuentran en «vigilancia médica» y deben someterse periódicamente a estudios para determinar si han sufrido enfermedades pulmonares producto de la exposición al asbesto, un material cancerígeno presente en vagones y material rodante desde hace años, pero reconocido oficialmente en 2018. La semana pasada, tras la muerte de un empleado del área de taller, los Metrodelegados anunciaron un paro escalonado en las seis líneas y el premetro que se llevaba a cabo este miércoles.

En declaraciones a la 750, el secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli, explicó los principales reclamos del sector y detalló la grave situación que enfrentan los trabajadores por la exposición al material cancerígeno y cuestionó la lentitud en el proceso de desasbestización, anunciado por el gobierno porteño en 2018.

Pianelli que el principal reclamo gira en torno a la seguridad sanitaria en el trabajo, ya que afirman que hay toneladas de asbesto en las líneas que no se están retirando y que están enfermando a los trabajadores.

La medida de fuerza de este miércoles fue anunciada tras la muerte de Jorge Navarro, quien trabajaba en el Taller Constitución y padecía cáncer de pulmón producto de la exposición a este mineral cancerígeno.

Según describió el líder de Metrodelegados, en estos años se han retirado 200 toneladas de asbesto, pero señaló que “queda toda la flota de la línea B, parte de la línea C y varias instalaciones fijas”, es decir, aquellas que “no ve la gente”. De acuerdo con lo informado por la Ciudad, en las flotas de las líneas A, D y H no se ha detectado presencia.

Pero el resto, según Pinaelli “sigue contaminado». «Es un proceso muy largo y complicado. Primero, porque hay una empresa dueña y contratos de por medio con la concesionaria. Y segundo, porque la Ciudad de Buenos Aires está atrasada en lo que debería hacer”, señaló.

Además, planteó que aquellos trabajadores que no se encuentren bajo vigilancia médica sean incorporados al protocolo para que puedan someterse a los estudios correspondiente. «(Pedimos) que esos estudios continúen una vez terminado el período laboral», sostuvo al afirmar que «las aseguradoras de riesgos del trabajo se desentienden y la Ciudad había prometido crear un hospital para seguir en vigilancia».

Pero, ¿en qué consiste esta vigilancia médica? El sindicalista explicó que de los 3.600 empleados del subte, 2.700 están bajo vigilancia médica, es decir, que cada dos años deben realizarse estudios para detectar patologías relacionadas con el asbesto. “Sus efectos pueden tardar de 3 a 20 años en manifestarse. Actualmente, tenemos 107 trabajadores con patologías causadas por el asbesto, y 8 de ellos tienen cáncer. De esos casos, ya fallecieron 4 compañeros, incluido Navarro”, finalizó.