Tras anunciar la privatización de la empresa de ferrocarriles Belgrano Cargas, el oficialismo apura otra privatización: la de Aerolíneas Argentinas. Durante la reunión que ayer mantuvieron representantes de Pro, MID y del radicalismo con delegados del Gobierno en la Casa Rosada, se acordó que el martes próximo la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados se avance en un dictamen para declarar a la empresa aérea sujeta a privatización.
La intención del oficialismo es llevar el dictamen al recinto en la próxima sesión que, se prevé, se realizaría la semana próxima.
El proyecto que se va a dictaminar fue elaborado por el diputado Hernán Lombardi (Pro) y cuenta con el respaldo de todo su bloque. Contiene solo dos artículos, pero son claves para habilitar al Gobierno a que inicie el proceso de privatización de la empresa aérea.
En efecto, en el artículo primero se declara sujeta a privatización, en los términos y con los efectos de la ley de Reforma del Estado, la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. El segundo artículo autoriza al Poder Ejecutivo a establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento para instrumentar el proceso de privatización.
Además de Pro, también apoyará la iniciativa el sector del radicalismo dialoguista, referenciado en el cordobés Rodrigo De Loredo –presente ayer en la reunión en la Casa Rosada-. De hecho, la diputada Pamela Verasay –quien responde al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo– preside la Comisión de Transporte.
“Probablemente haya opiniones diversas, tendremos que tener una postura unificada. Pero mayoritariamente estamos de acuerdo”, anticipó De Loredo tras salir del encuentro en la Casa Rosada.
La privatización de Aerolíneas Argentinas había sido incluida por el Gobierno en el proyecto de Ley Bases, pero durante su debate en el Senado un sector de la oposición decidió apartarla de las empresas a ser traspasadas al sector privado. En la Cámara de Diputados, el bloque Encuentro Federal, con Miguel Pichetto como voz cantante, suscribió la posición del Senado, por lo que el oficialismo debió dar marcha atrás.
Pocos meses después, en medio de un fuerte conflicto con los gremios aeronáuticos, el Gobierno volvió a la carga y, por decreto, declaró a Aerolíneas Argentinas “sujeta a privatización”. Argumentó que el Tesoro Nacional no está en condiciones de ocuparse de una empresa “altamente deficitaria” y adjudicó que quienes la mantienen son los argentinos a través de un aporte de más de cientos de millones de pesos.
El decreto 873/24 que dictó el Gobierno, empero, no habilita al Gobierno a iniciar el proceso privatizador; la ley de Reforma del Estado establece que se requiere la autorización del Poder Legislativo para que el Estado quede desafectado de esta compañía en particular. De allí la decisión del oficialismo y sus aliados en avanzar en el proyecto del diputado Lombardi.
