Luego de que estallara el escándalo de corrupción que involucra al expresidente Alberto Fernández, el Gobierno derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 2021 que establecía que los ministerios y los organismos del Estado debían contratar las pólizas con Nación Seguros. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El DNU 823, que todavía estaba vigente, precisaba que “las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional” deberían “implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de NACIÓN SEGUROS S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera”. La directiva, fechada el 2 de diciembre de 2021, lleva la firma del por entonces jefe de Gabinete, Juan Manzur, y de quien en aquel momento estaba al frente del Ministerio de Economía, Martín Guzmán.

De acuerdo al primer artículo del texto publicado esta madrugada, quedan derogados también “los decretos 1187/12, 1189/12 y 1191/12″. La decisión de la administración de Javier Milei se sustenta en que “mediante el Decreto N° 70/23 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa, entre otras, hasta el 31 de diciembre de 2025 y se dispuso un programa general de desregulación de la economía a través de la eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo”.

Tras el escándalo y las críticas generalizadas que provocó el aumento de las dietas a casi nueve millones de pesos, los senadores resolvieron dar marcha atrás con esa decisión. Lo hicieron mediante una nota que firmaron todos los bloques, desde La Libertad Avanza a Unión por la Patria.

Los ingresos de los legisladores estaban “enganchados” a los aumentos que recibían los empleados del Congreso, más allá de que sus dietas tenían valores mucho más altos, por lo cual, ante una suba similar, los montos escalaban de manera exponencial. Con la nota, los senadores de todos los bloques decidieron que van a aplicar otra modalidad de aumentos y que no recibirán esta última actualización.

En abril del corriente año, los senadores llevaron al recinto y aprobaron un proyecto que establece que las dietas pasarán a estar conformadas por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. La iniciativa que se autogestionaron en aquella ocasión los senadores agregó una dieta más a las 12 que existían antes, para compensar el aguinaldo. Lo curioso de lo ocurrido este lunes no es tanto la suba -misma que en la administración nacional-, que es para todos los empleados del Congreso, sino lo acontecido la semana pasada.

Pese a las negociaciones y a que el Gobierno nacional dice que el diálogo sigue abierto, hoy no habrá clases en las universidades públicas nacionales, en el primer día de un paro de 48 horas que convocó el Frente Sindical Universitario. La medida se extenderá también a mañana miércoles y forma parte del reclamo salarial que impulsan los gremios docentes y no docentes que, tras reunirse la semana pasada con representantes de la Secretaría de Educación de la Nación, rechazaron el aumento ofrecido. Finalmente, la comunidad universitaria ratificó un “plan de lucha”, que incluirá una nueva marcha federal para septiembre en caso de que el conflicto no se solucione. El lunes pasado, ya habían protestado con la paralización de las actividades en el inicio del segundo cuatrimestre.

La propuesta que hizo el Gobierno fue un incremento del 3% en agosto y del 2% para septiembre. Los gremios, con el apoyo de los rectores, reclamaban un 40% o al menos igualar a los estatales.

“Esta semana tiene 48 horas de medidas de fuerza acordadas por todo el Frente Sindical Universitario”, dijo Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios de la UBA (Aduba), que impulsa el paro en la Universidad de Buenos Aires junto con Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (Apuba). “Será un paro nacional debido a que luego del no inicio de clases, el Ministerio de Capital Humano no convocó a continuar con el diálogo; la oferta realizada sigue en pie del 3% para agosto y del 2% para septiembre en materia de incremento salarial. Esto es una crisis del sistema universitario donde el presupuesto se va ahogando mes tras mes, licuando el ingreso de docentes, no docentes, investigadores y profesionales de la salud que trabajan y desarrollan su actividad en el ámbito universitario”, agregó Cagnacci.

Desde el Ministerio de Capital Humano afirman, en tanto, que el diálogo con los gremios universitarios por parte del Gobierno sigue abierto. “Por ello, el viernes pasado en la reunión paritaria se acordó crear una Comisión Técnica Tripartita donde están representados los sindicatos e integrantes de las subsecretarías de Política Universitaria y de Desarrollo y Modernización del Empleo Público. Esto demuestra que hay voluntad y confianza en que podremos salir adelante”, difundió en un comunicado la cartera que dirige Sandra Pettovello.