Alberto Fernández promovió una acción judicial para que se les prohíba a los medios de comunicación y a las empresas Google, Facebook, X y Yahoo difundir sus fotos y videos íntimos, tanto los que ya se conocieron como los que podrían aparecer (e incluso imágenes que se le adjudican y que él sostiene que son “falsas”). El fundamento es que se está afectando su honor y su imagen, y que se daña a sus hijos.

Fernández se presentó en el fuero civil y comercial federal, “por derecho propio” y en representación de su hijo menor, Francisco, y pidió que se dicte una medida cautelar para responder a una situación de “urgencia extrema”. Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales.

La demanda que promovió es una “acción preventiva de daños” contra el Ente Regulador de las Telecomunicaciones (Enacom) y las empresas Google, Facebook, X y Yahoo, con el argumento de que “hay una flagrante amenaza de difundir supuestas imágenes o supuestos videos que tienen como única finalidad ofender, agredir, vulnerar, menoscabar y afectar” su “nombre, honor, imagen, intimidad y/o integridad” afectando “directamente” a sus hijos y familiares.

“Recientemente se vienen publicando y difundiendo fotos y videos que falazmente se me atribuyen por parte de diversos medios y figuras públicas. Estas cuestiones que desde ya son falsas y maliciosas, solo buscan afectar la estabilidad familiar y salud psicofísica de mis hijos”, escribió Fernández en su demanda. Su cuestionamiento fue muy amplio: apuntó contra “cualquier contenido” relacionado con él o su familia.

Si bien en su presentación no lo dice con claridad, parece referirse incluso a las fotos de su expareja Fabiola Yañez con marcas de golpes, que se hicieron públicas y forman parte de las pruebas de la causa en la que se investiga la denuncia de la ex primera dama contra él por graves hechos de violencia física.

En alusión a los videos, el expresidente afirmó: “He tomado conocimiento de que los periodistas Laura Di Marco, Luis Majul, Jorge Rial entre otros han realizado declaraciones en sus cuentas de X (ex-Twitter) sugiriendo la existencia y circulación de videos que manifiestan ser del suscripto con mujeres en situaciones incómodas”. Y dijo: “Estas afirmaciones y la difusión de dichos videos pretenden generar un daño a mi persona, a mis hijos, a nuestra privacidad y reputación familiar”. Las publicaciones a las que se refiere aludirían a que hay más grabaciones de él con mujeres (además del que se difundieron de Tamara Pettinato en el despacho presidencial), incluido un “video porno en un ascensor”. La semana pasada circuló la versión de que existirían imágenes del expresidente con una mujer en el ascensor de la Casa Rosada.

La medida cautelar que pretende Fernández es una orden que “impida la publicación, difusión y reproducción de los supuestos videos mencionados y de cualquier otro material” relacionado con él que “afecte la vida íntima” suya, de sus hijos y de su familia. El expresidente pide “una orden de cese de difusión que impida a los medios y a las figuras públicas” la “difusión de los videos publicados y de los futuros que pudieren aparecer”, así como de “cualquier contenido” relacionado con él o su familia”.

Pero no solo busca prohibir lo que pueda difundirse a futuro. Además, solicita “la eliminación de todas las publicaciones en redes sociales y otros medios que contengan estos videos o referencias a los mismos” y que se dispongan las “medidas necesarias” para “evitar la propagación de material personal no autorizado”.

La Secretaría General de la Presidencia, que dirige Karina Milei, recibió un pedido judicial en el marco de la causa por los hechos de violencia que la ex primera dama Fabiola Yañez le adjudica a Alberto Fernández. La solicitud, tal como informó LA NACION, incluye las imágenes que hayan quedado registradas por las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos, entre otras pruebas que el Gobierno ya empezó a rastrear.

Fuentes oficiales informaron que responderán a la Justicia con la mayor celeridad posible, pero que la búsqueda puede llevar algún tiempo. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo esta mañana que los pedidos incluidos en los “dos oficios” que llegaron de la fiscalía federal de Ramiro González “van a ser aportados” y que las consultas “se han derivado a las áreas correspondientes”.

Los pedidos al Gobierno fueron dispuestos por el fiscal la semana pasada, cuando imputó formalmente al expresidente por los delitos de “lesiones graves, doblemente agravadas” y por ”amenazas coactivas”, por los golpes que Yáñez relató que él le propinó. En ese documento, González ordenó una batería de unas 30 medidas de prueba que incluyen tomar testimonios del exmédico presidencial Federico Saavedra, de la exsecretaria María Cantero, del exintendente de la quinta de Olivos Daniel Rodríguez y de la amiga de la exprimera dama Sofía Pacchi.

El fiscal González pidió en su escrito los videos de los últimos dos años de las cámaras de seguridad de la quinta de Olivos, del chalet principal y de la casa de huéspedes, donde Yáñez contó que vivió el último año de gobierno, tras la separación de hecho con Fernández. También solicitó que se preservaran los registros de video de los últimos cuatro años.

Tal como informó LA NACION, la fiscalía pidió los videos de las cámaras de seguridad interna que cubren la zona del chalet presidencial y la casa de huéspedes, de abril, mayo, junio julio y agosto de 2021, así como también de julio de 2023. Y que se guarden los registros entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

Asimismo pidió que se le informe la nómina del personal doméstico que cumplía funciones en el chalet y en la casa de huéspedes entre 2021 y 2023 (personal de limpieza, cocina y mozos), así como también que el Gobierno indique los horarios en los que cumplían funciones, para citarlos en el futuro.

También pidió registros de ingreso, puntualmente, del médico Federico Saavedra, y de cualquier otro médico de esas Unidad entre el año 2021 y 2023. Además, le solicitó a la Unidad Médica Presidencial “todas las constancias de atención a Fabiola Yáñez desde diciembre de 2019 a diciembre de 2023″, al Sanatorio Otamendi, SANAR y a la Clínica Fertilis la historia clínica de Yáñez correspondiente a los años 2016 y 2017.

Al Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco), que encabeza Facundo Manes, le pidió también la historia clínica de Fabiola Yáñez correspondiente a los años 2016 y 2017, así como también que informe qué profesionales la atendieron.

A la Casa Militar le requirió los datos del personal que acompañó a Yañez en un viaje que realizó durante julio de 2021 a Misiones.

En esta misma lista de medidas, el fiscal le había pedido al juez Julián Ercolini que hiciera una inspección en la quinta de Olivos, pero el magistrado rechazó esa solicitud porque entendió que ahora no es necesaria, dado que los hechos que se investigan podrían reconstruirse por otras vías.

LA NACION

En medio de la creciente preocupación por la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que luego de evaluar alternativas para implementar, se decidió desplegar 1000 policías adicionales en las calles de CABA.

La decisión, anunciada durante un acto en El Rosedal de Palermo, refleja la necesidad de redoblar los recursos destinados a mejorar la seguridad de más de tres millones de vecinos que tiene la Ciudad de Buenos Aires y de otros tantos que ingresan al distrito diariamente. En este escenario, Macri hizo un llamado no solo a la Justicia sino también al gobierno de la Provincia de Buenos Aires, al que cuestionó por su “poco compromiso” en la lucha contra el delito.

Durante su discurso, Jorge Macri estableció una comparación con la situación que se observa en el Conurbano bonaerense, donde -según su mirada- no se traba como es necesario en materia de seguridad. “Salvo por el esfuerzo de algunos municipios, parece un lugar donde no hay ningún compromiso”, criticó sin contemplaciones a la administración de Axel Kicillof, para explicar que las dificultades se incrementan cuando los esfuerzos en una región no son acompañados por sus vecinos.

La mención al Conurbano también vino acompañada de una crítica directa a la Justicia por el fenómeno de la “puerta giratoria”, que describe la liberación recurrente de quienes delinquen. “Lo vimos el fin de semana con un delincuente que detuvimos 18 veces y sigue estando libre”, ejemplificó.

El pedido de colaboración hacia la Justicia y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires no fue casual. Macri enfatizó que la seguridad en la ciudad no depende solo de las acciones locales, sino de un esfuerzo conjunto que involucre a las autoridades provinciales y a los jueces. “La decisión de que CABA siga siendo una de las más seguras de la región es clara, no encuentra excusas ni en el contexto general, ni en el poco compromiso de la Provincia de Buenos Aires ni la lectura de algunos jueces”, enfatizó.