El nerviosismo crece hora a hora, días tras día. Las explicaciones públicas de Eduardo y Martín Menem, supervisadas por Karina Milei, que tomó el control del operativo de contención de daños desplegado a última hora del fin de semana, no sirvieron por ahora para aplacar el escándalo. Más bien, lo contrario. Para el resto de los funcionarios, incluidos los dirigentes del PRO que continúan de campaña en territorio bonaerense, y con excepción de Guillermo Francos, todavía seguía vigente hasta ayer la suspensión de todo tipo de entrevista con los medios de prensa, hasta tanto la crisis política y judicial en torno a los audios que desnudaron una red de coimas en el área de discapacidad baje su intensidad, si es que eso sucede en estas semanas.

Una de las preocupaciones centrales de las últimas horas en la cúpula de La Libertad Avanza tenía que ver aún este lunes con Diego Spagnuolo, el ex titular de la ANDIS que fue eyectado de su cargo la semana pasada tras la difusión de los audios que pusieron en jaque al gobierno. Hasta ayer, no había respondido como se esperaba en LLA a los mensajeros que en estos días buscaron, sin éxito, consensuar una estrategia común frente al avance de la investigación judicial. Fuentes policiales resaltaron que, cuando entregó el teléfono, estaba visiblemente nervioso.

Desde que le pidieron la renuncia hasta que entregó el aparato, Spagnuolo casi no dio señales de vida. Entre el viernes y el fin de semana, desde LLA trataron de persuadirlo para que colabore, y acepte una defensa compartida. Incluso le sugirieron la posibilidad de contratar un abogado –se habló de un estudio muy reconocido de la capital, con amplia experiencia en materia penal-, pero el ex jefe de la ANDIS habría rechazado la oferta, lo que activó todas las alarmas en el Gobierno.

La crisis en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) saltó de los audios a la agenda del Congreso y someterá al Gobierno a una semana negra en Diputados. Mientras la Justicia avanza sobre las presuntas coimas reveladas en grabaciones clandestinas atribuidas a Diego Spagnuolo −que señalan a Eduardo “Lule” Menem como articulador y mencionan a Karina Milei como supuesta beneficiaria−, la oposición trazó una ofensiva parlamentaria amplia: interpelaciones a la secretaria General de la Presidencia, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones; un pedido de informes al Poder Ejecutivo; y la creación de una comisión investigadora con facultades para citar a funcionarios y requerir documentación a organismos públicos.

La batería de proyectos cayó primero en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz. Allí, el oficialismo intentará ganar tiempo. La respuesta opositora, ya ensayada en otras discusiones, será el emplazamiento: forzar en el recinto que las comisiones se abran a tratar los expedientes en plazos acotados. Con firmas repartidas en casi todo el arco opositor, no se vislumbran dificultades para sortear el freezer oficialista.

Los nombres detrás de cada iniciativa hablan de un nutrido apoyo. Unión por la Patria (UP) presentó tres proyectos: Victoria Tolosa Paz pidió interpelar al ya desplazado titular de Andis Diego Spagnuolo; Sabrina Selva propuso citar a Lugones y a Karina Milei; y Andrea Freites elevó un pedido de informes que pone la lupa sobre las contrataciones de la agencia con Suizo Argentina, el registro de proveedores y las declaraciones del exfuncionario sobre retornos.

Desde el socialismo, Esteban Paulón y Mónica Fein, con la firma de Margarita Stolbizer, empujan la interpelación a la secretaria General y la creación de una comisión investigadora.

En Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño reclamó la presencia de Lugones y Francos. La coincidencia es transversal: todos los textos orbitan alrededor de los audios y del presunto esquema de corrupción en Discapacidad.

El primer round llegará el martes al mediodía. Un plenario de las comisiones de Salud y Discapacidad -convocado por los peronistas Pablo Yedlin y Daniel Arroyo– invitó a Lugones y al interventor de Andis, Alejandro Vilches, “a los fines de que informen sobre diversas cuestiones relacionadas a las denuncias”. Hasta última hora, ninguno había confirmado. En los pasillos descuentan que no aparecerán. Aun así, la reunión funcionará como el puntapié inicial: servirá para instalar el tema, ordenar prioridades y coordinar el paso siguiente.

Dos horas más tarde, la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, a cargo de Silvia Lospennato (Pro), debatirá la creación de una comisión investigadora por las muertes por fentanilo adulterado. Allí ya se cocina la posibilidad de replicar el modelo para el caso Andis la semana próxima.

La administración de Jorge Macri dice tener una determinación: llegar hasta la última instancia para que los niños no estén en la calle, aunque esto implique actuar para que la Justicia los separe de los adultos y les quite la custodia. Durante el último semestre de 2024 se dictaron 15 medidas excepcionales en esta línea.

Bajo esta premisa, en febrero del año pasado, el gobierno porteño creó el protocolo “Cero niños en calle”, que endureció el manejo de niños en condiciones de vulnerabilidad. Si bien la situación de calle ya era considerada un factor de riesgo en las gestiones anteriores, con la nueva normativa pasó a tener la misma jerarquía que otros casos graves de vulneración de derechos, como el maltrato o el abuso sexual infantil. Además, hace hincapié en la necesidad de actuar con inmediatez y de aplicar medidas de protección directas para niños, niñas y adolescentes en situación de calle.

Así, advierten, se busca “garantizar una respuesta institucional efectiva que proteja los derechos de niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad y riesgo”. “Con el protocolo pudimos afinar el mecanismo y articular todo para dar una mejor intervención”, indican a LA NACION desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad. Esto implica llegar a extremos, como avanzar para remover la tutela de los menores.

Si bien el gobierno porteño despliega recorridas callejeras en momentos particulares del año -como ocurre con el Operativo Frío, que asiste a personas en situación de calle durante la temporada de bajas temperaturas-, en estos casos, la asistencia se realiza a demanda: los vecinos se comunican telefónicamente con la línea 108 de Atención Social Inmediata para denunciar y ahí se da inicio al protocolo.

En la sede de la Red de Atención, ubicada en el barrio porteño de San Cristóbal, los teléfonos suenan las 24 horas, los siete días de la semana. Pese a eso, en la sala en donde casi una decena de operadores responden a los llamados y derivan las denuncias a los equipos de profesionales del Ministerio solo se escuchan murmullos leves. Vestidos con la campera amarillo chillón que también lucen las camionetas que salen a hacer los recorridos, miran fijo las pantallas de las computadoras en donde no paran de aparecer nuevos casos y nuevas personas que necesitan ayuda.

En teoría, el protocolo funciona de la siguiente forma: cuando se denuncia la presencia de un menor en la calle, los especialistas realizan lo que se denomina un “abordaje de familias de riesgo”. Esto consiste en invitar a las familias a que, de forma completamente voluntaria, se acerquen a alguno de los 47 Centros de Inclusión Familiar (CIS). La decisión depende exclusivamente de cada adulto y el personal de la Red de Atención no puede obligarlos.