En una breve pero contundente definición en torno a la complicada negociación entre La Libertad Avanza y el PRO, el ex presidente, Mauricio Macri reconoció que el oficialismo “quiere tomar una posición totalmente dominante”, pero ratificó el compromiso de su sector en aportar gobernabilidad de cara al futuro.

Las declaraciones se produjeron en la puerta de la sede partidaria, en Balcarce y Belgrano, del barrio porteño de San Telmo, antes del encuentro al que asistieron de manera presencial y también vía Zoom el jefe de gobierno, Jorge Macri, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el de Chubut, Ignacio Torres, y los dirigentes Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Fernando De Andreis, Alfredo De Angeli, Soledad Martínez, Martín Yeza, María Sotolano, Facundo Pérez Carletti y Daiana Fernández Molero, entre otros.

Fuentes del partido le bajaron el tono al encuentro y aclararon que no se espera que haya una decisión definitiva respecto del acuerdo electoral. “Estaba previsto hace 10 días, no se convocó de urgencia”, explicaron voceros calificados.

La negociación se trabó este fin de semana, cuando los emisarios de Karina Milei -que conduce la negociación- y los de Macri se distanciaron por los lugares en las listas. En la Casa Rosada solo estarían dispuestos a darle al PRO dos lugares entre los primeros siete, frente al reclamo de que sean dos entre los seis.

Es una propuesta que para Macri es insuficiente, pero todavía no la dio por terminada. El ex presidente ya aceptó que haya lista violeta y la marca La Libertad Avanza, como también que exista un reparto de candidaturas similar al que se resolvió en la provincia de Buenos Aires. Pero en el detalle fino aparecieron las dificultades.

Javier Milei vetó en su totalidad las tres leyes aprobadas por el Congreso que otorgaban aumentos y previsionales, reinstalaban la moratoria jubilatoria y declaraban la emergencia en discapacidad con nuevas pensiones no contributivas. Lo hizo a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial el lunes a la madrugada.

Según el Decreto 534/2025, las iniciativas implicaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin fuentes de financiamiento suficientes ni cálculos actuariales que garantizaran la sustentabilidad. El Ejecutivo argumentó que la aprobación de las normas ponía en riesgo el equilibrio fiscal, comprometía las metas económicas y atentaba contra la estabilidad del sistema previsional.

En los considerandos generales, desde el Gobierno sostuvieron que las leyes fueron sancionadas con “graves vicios reglamentarios” en el Senado, al no cumplirse los procedimientos previstos y aprobarse con mayorías incorrectas. Además, se señaló que las medidas generarían un aumento estructural y permanente del gasto, obligando a recurrir a emisión monetaria, suba de impuestos y/o endeudamiento.

La ley que modificaba la fórmula de movilidad jubilatoria contemplaba un aumento extraordinario del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con una ayuda económica de hasta $110.000 para determinados beneficiarios. Para la administración Milei, como manifiesta en el DNU, la fuente de financiamiento prevista en la norma es “manifiestamente insuficiente” y presenta “graves deficiencias técnicas”. Se objetó, además, que parte de los recursos proyectados —como la eliminación de exenciones impositivas— tendrían un “impacto recaudatorio marginal o limitado”.

Respecto de la reinstalación de la moratoria y la flexibilización de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, el Gobierno afirmó que “socavan los incentivos a la formalidad laboral” y consolidan “un esquema paralelo al régimen contributivo”, generando desigualdad con quienes completaron los aportes exigidos por ley.

Por último, sobre la emergencia en discapacidad, se alertó que ampliaría el universo de beneficiarios de manera masiva —incluyendo a 1,5 millones de personas con Certificado Único de Discapacidad—, con un costo multimillonario y un fuerte impacto adicional sobre el sistema de salud y el “Programa Incluir Salud”.