El gobierno de Javier Milei habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional. La medida entró en vigor tras la publicación de una nueva resolución que reemplaza la prohibición previa sobre estos dispositivos. Según la normativa publicada en el Boletín Oficial, la disposición implica un cambio en el régimen de autorización y control, bajo la órbita exclusiva del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

El Gobierno dispuso que, a partir de esta reforma, los legítimos usuarios y las entidades de tiro podrán adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, como fusiles o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares y de calibre superior al .22 LR. Para acceder a este permiso especial, se exige el cumplimiento de requisitos estrictos que buscan reemplazar la prohibición previa por un sistema de control más preciso y enfocado en la justificación deportiva y la trazabilidad.

Entre los puntos clave oficializados, el RENAR asume la fiscalización y aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y se consolidan los procedimientos tras la derogación de normativas previas del viejo régimen. La nueva estructura exige identificaciones precisas del material, declaraciones juradas y documentación probatoria.

En junio de este año, el Gobierno había dado el primer paso para ejecutar esta medida. En otra resolución, se había derogado el decreto de la época de Menem que regulaba la compra o transferencia de este tipo de armas de fuego. En ese entonces se dispuso una prohibición a los usuarios civiles para adquirir fusiles semiautomáticos, salvo excepciones autorizadas por el Ministerio de Defensa, algo que difícilmente ocurría. Lo que sucedió hoy es que se estableció el mecanismo por el cual se va a poder adquirir.

as lluvias de las últimas horas volvieron a agravar la situación en el centro-oeste bonaerense, donde se estima que los anegamientos y las inundaciones ya cubren unas cinco millones de hectáreas, según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). La campaña gruesa, la más importante del año —la que define buena parte de los ingresos del campo y del país con cultivos como soja y maíz—, está prácticamente detenida. En muchos distritos calculan que solo se podrá sembrar alrededor del 40% del área prevista, o incluso menos. Los caminos rurales están bajo el agua o convertidos en una masa de barro espeso que hace muy difícil llegar a los lotes.

“Con las lluvias de los últimos 40 días, la superficie afectada por las inundaciones ya debe sobrepasar los cinco millones de hectáreas”, contó Pablo Ginestet, secretario de Carbap. En septiembre pasado el cálculo era de dos millones de hectáreas, pero las precipitaciones siguieron y la situación se complicó. Hoy en los partidos de Carlos Casares, Bolívar, 9 de Julio, Hipólito Yrigoyen, Saladillo, Las Flores, Bragado, 25 de Mayo, Roque Pérez, entre otros, hay suelos completamente saturados, las maquinarias paradas y los caminos destruidos.

“La situación es catastrófica. Los productores están desesperados, angustiados, desesperanzados. Pero el chacarero resiste, porque quiere cuidar su producción, porque defiende lo suyo hasta el último momento. Aun así, estamos todos desalentados”, dijo Érica Moro, presidenta de la Sociedad Rural de Carlos Casares. Esta productora no puede llegar a su campo desde marzo pasado. En algunos puntos la profundidad se ubica en la cintura de una persona. Como el 100% del establecimiento está cubierto por el agua, trasladó ganado a otro campo arrendado.

“Desde febrero o marzo la situación viene muy complicada, crítica. Ya superamos los 1700 mm en promedio, según la zona. En un año normal caen entre 800 y 900 mm. Es decir, ya duplicamos”.

En ese partido, unas 90.000 hectáreas están afectadas sobre un total de 130.000 hectáreas productivas y la situación mantiene paralizada la nueva campaña, que a esta altura del año debería estar en plena siembra. “Sembrado a la fecha hay poco y nada. Te diría que todos esperan para hacer una siembra tardía, si mejora un poco el pronóstico y deja de llover. La humedad ya es más que suficiente, así que muchos van a intentar con soja de segunda en diciembre. De siembra de primera prácticamente no se hizo nada, salvo algún campo más alto o más firme. No llegará al 20% de lo que normalmente se siembra”, explicó.

“Con el Presupuesto va a quedar claro quiénes son parte del oficialismo y quiénes de la oposición”. Esa escueta frase le sirvió a un importante funcionario del gabinete de Axel Kicillof para trazar la línea de la desconfianza que separa al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del cristinismo, en la antesala de un debate clave para que el Gobernador logre conseguir la denominada ley de leyes, más el endeudamiento y la Ley Fiscal Impositiva.

La marcada división que hacen en el kicillofismo es para atajarse de los movimientos que pueden hacer los legisladores que responden a Cristina Kirchner que, según recuerdan, pusieron trabas en la última negociación presupuestaria con el único fin de hacer “oposición interna“ en el esquema oficialista.

Tras la presentación oficial del Presupuesto, en La Plata destacaron el rol del Frente Renovador “para lograr consensos” con el objetivo de aprobar los tres ítems pedidos por Kicillof. El mensaje fue un guiño para Massa, al que en la Gobernación le destacan su voluntad de evitar que la coalición vuele por los aires durante los cónclaves previos a la elección. Según cuentan en La Plata, el ex ministro está tratando de tender puentes con la oposición para que Kicillof pueda sacar las leyes.

En la presentación del proyecto, que se realizó ayer en el Salón Dorado de la gobernación, hubo presencia de los principales dirigentes del camporismo en la provincia de Buenos Aires. Es una primera señal institucional que le abre paso a una etapa más compleja, donde se va a empezar a puntear los detalles de los tres proyectos que están en juego.