El festivo ritmo de chamamé comenzó a escucharse por los parlantes del Comité Central de la UCR minutos antes de las 20. Habían pasado dos horas del cierre de las elecciones a gobernador, y todo era optimismo en el radicalismo, que desde hace cinco lustros gobierna -con o sin aliados- los destinos de esta provincia.

Cuando los votos comenzaron a contarse se confirmó el triunfo del oficialismo, que encabeza el gobernador Gustavo Valdés y que llevó a su hermano, Juan Pablo Valdés, como candidato a sucederlo hasta 2029. Con el 67,17% de los votos escrutados se sellaba el triunfo oficialista en primera vuelta, con un 51,45% de los votos, muy por encima de sus rivales, el peronista Martín Ascúa (Limpiar Corrientes), con el 20,13%, el exgobernador Ricardo Colombi (Eco), con casi el 16,82% y el candidato libertario, Lisandro Almirón, que sólo cosechó el 9,62% de los votos, en un nuevo fracaso del armado nacional que encabezan Karina Milei y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem.

“Quiero agradecer a mi familia, que soportó muchas calumnias e injurias, pero gracias a la fortaleza de mi hermano hoy tenemos un nuevo gobernador en primera vuelta”, dijo Juan Pablo Valdés, subido ya al escenario montado en la sede partidaria. Emocionado, su hermano y gobernador, Gustavo Valdés, afirmó que “hoy a los correntinos, con el esfuerzo de cada uno de nosotros, queremos decir gracias”. Para Valdés, hay que “avanzar en el diálogo maduro, el consenso es lo que construye a las naciones y las hace grandes”, afirmó, en mensaje directo y conciliador a la Casa Rosada.

“Es hora de empujar a que se construya la Argentina, todos tenemos que estar unidos, vamos Corrientes”, destacó el gobernador, con tono de campaña y en el final de sus breves palabras. “!Juntos, para adelante!”, coreaban los militantes, mientras los hermanos levantaban las manos en el escenario.

Los primeros resultados del escrutinio oficial comenzaron a difundirse recién después de las 22, y la difusión de datos en la web oficial se cayó en repetidas oportunidades. Un rato antes de las 21, el secretario general de la gobernación, Carlos “Mono” Vignolo, expresó sin medias tintas que estaban “contentísimos” por el resultado, aunque pidió “paciencia” hasta tener los números oficiales. Junto al gobernador Valdés llegaban a festejar sus pares Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco). No llegaron por el mal clima, los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), para completar una foto victoriosa con gobernadores del centro política. Otros dirigentes que llegaron al bunker fueron la diputada mendocina Pamela Verasay, el legislador misionero Martín Arjol y el ex libertario Oscar Zago, aquel que protagonizara ese intercambio de empujones con Almirón, en plena sesión de la Cámara baja. Ya con el triunfo en el bolsillo, la militancia radical se trasladó a la bella Costanera correntina para seguir el festejo.

Sebastián Casanello procesó al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, acusado de haberle avisado al empresario Jonathan Kovalivker, investigado por presuntas coimas en el área de Discapacidad, que la policía lo estaba buscando. Lo procesó por los delitos de desobediencia, estorbo de acto funcional y encubrimiento.

De Vicentis lleva 12 años trabajando en la seguridad de Nordelta. La noche del 21 de agosto pasado, cuando la Policía de la Ciudad fue a buscar a los hermanos Kovalivker, él estaba de vacaciones, pero sin embargo intervino. Jonathan Kovalivker logró irse antes de que la policía diera con él y a Emmanuel, su hermano, lo encontraron yéndose en su auto con más de 260.000 dólares. Los Kovalivker son los dueños de la droguería Suizo Argentina, investigada en el caso de los supuestos sobornos en la Agencia de Discapacidad.

En su fallo de hoy, el juez dijo que se corroboró que en Nordelta hay “una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad, cualquiera fuera».

“Todo debía pasar previamente por el área de Legales, como si se tratara de una suerte de exhorto interjurisdiccional”, dijo el juez, que advirtió que se montó un “procedimiento obstructivo, cuya eficacia radica principalmente en la demora y la anulación del factor sorpresa (tal como se ha comprobado en este caso)”.

El relato de los hechos

El fallo relata que cuando la Policía de la Ciudad llegó a la garita exterior de Nordelta (además, hay una garita por cada uno de los barrios) “solicitó la colaboración del vigilador” que los recibió y le pidió “identificar el lote correspondiente a Jonathan Simón Kovalivker” -era el lote 6 del barrio La Isla, pero los agentes no lo sabían todavía-.

Momentos después -relata el fallo-, ese vigilador empezó a recibir llamadas insistentes de quien se identificó como supervisor de seguridad del barrio, “quien le exigió explicaciones acerca de los motivos de la presencia policial y el contenido de la diligencia en curso.“

La Policía de la Ciudad le advirtió entonces al vigilador, que había mencionado a su interlocutor los nombres de los hermanos Kovalivker, que no podía mantener esa comunicación. “Durante el intercambio -continúa el relato de Casanello-, el oficial de policía interrumpió la conversación a fin de evitar que se brindara información sensible que pudiera afectar el éxito de la medida, advirtiendo ofuscación en la persona del otro lado de la línea.”

El juez dice en su fallo que “pocos minutos más tarde” (a las 0:45 del 22 de agosto) salió del barrio, en un Audi S3, Jonathan Simón Kovalivker, “frustrando su requisa”. El objetivo de los enviados por el juez era sorprender a los Kovalivker en sus casas, requisarlos y sacarles los teléfonos que tuvieran con ellos.

A dos meses de las elecciones legislativas nacionales, programadas para el domingo 26 de octubre, el Gobierno fijó los valores de los viáticos para autoridades de mesa y delegados judiciales y tecnológicos que participarán. Según la Resolución 347/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, los valores, que dependerán del puesto, rondarán entre $40.000 y $120.000.

Los ciudadanos que se desempeñen como autoridades de mesa en las elecciones nacionales cobrarán 40 mil pesos, mientras que aquellos que, además, participen en las actividades de capacitación reconocidas por la Justicia Nacional Electoral recibirán otros $40.000. Al respecto, el Gobierno detalló: “Resulta conveniente estimular la participación en actividades de capacitación por parte de dichos ciudadanos, mediante la asignación de una compensación adicional a los efectos de propender a la mejora del desenvolvimiento de los comicios”.

Por otra parte, quienes sean designados por la Justicia Nacional Electoral como delegados en los locales de votación serán compensados con $80.000.

A su vez, los delegados judiciales que den cumplimiento a la remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por la Cámara Nacional Electoral o en los sistemas que se implementen por la justicia electoral de distrito recibirán $40.000.

Por último, los delegados tecnológicos de la Justicia Nacional Electoral en los establecimientos de votación en los que se lleve a cabo la verificación de la identidad de los electores mediante herramientas de identificación biométrica cobrarán $120.000.

En el documento, que lleva la firma de Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, informaron también que los ciudadanos podrán optar por diferentes métodos de pago y tendrán un año para reclamar su derecho a la percepción. “La evolución en el uso de aplicaciones para dispositivos móviles vuelve imprescindible contemplar la puesta a disposición de una opción que permita a los ciudadanos ejercer su derecho a percibir los viáticos liquidados a su favor de forma electrónica, rápida y segura”, remarcaron.

La Justicia Nacional Electoral deberá verificar quiénes cumplieron efectivamente las funciones y notificar al Correo Argentino qué ciudadanos están habilitados para cobrar, mientras que la Vicejefatura de Gabinete del Interior, deberá programar, organizar y ejecutar las tareas que la legislación vigente le asigna en materia electoral y de partidos políticos.